Por Mateo San Martín
La acumulación de mil 200 demandas de juicio político congeladas en la Cámara de Diputados durante las últimas cinco legislaturas representa una grave disfunción en el sistema de contrapesos de la República. Este rezago acumulado evidencia que el mecanismo constitucional diseñado para fincar responsabilidad oficial a los altos servidores públicos ha sido despojado de su naturaleza jurídica para operar únicamente como un instrumento de retórica e intimidación partidista.
El desmantelamiento práctico de esta facultad fiscalizadora se confirma al constatar que la actual legislatura federal acumula ya veinte meses sin integrar la Subcomisión de Examen Previo. Este órgano es el único habilitado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para determinar la procedencia de los recursos interpuestos, lo que demuestra una omisión procesal deliberada por parte de los grupos parlamentarios.
Las consecuencias de esta inacción legislativa rebasan la simple ineficacia administrativa y constituyen una transgresión al principio de rendición de cuentas. Al no dar curso legal a los expedientes en los plazos previstos, la mayoría de las denuncias presentadas contra secretarios de Estado, ministros, gobernadores y legisladores han prescrito irremisiblemente. La prescripción extingue la posibilidad de sancionar la arbitrariedad en el ejercicio del poder y consolida un régimen de impunidad procesal.
Bajo una estricta óptica constitucional, el juicio político no es una prerrogativa discrecional de las bancadas, sino una obligación institucional irrenunciable del Poder Legislativo. La parálisis de este instrumento rompe el equilibrio dinámico que debe imperar entre los poderes de la Unión, privando al Estado democrático de su vía pacífica y reglada para castigar las desviaciones graves contra el orden público y los intereses fundamentales de la Nación.
La sustitución del análisis técnico-jurídico por el cálculo político en San Lázaro desvirtúa la esencia del control parlamentario. Al carecer de consecuencias jurídicas, el anuncio de una demanda de juicio político se degrada a un mero acto de propaganda electoral que satura las comisiones sin la menor voluntad de alcanzar una resolución apegada a derecho.
Para restaurar la normalidad constitucional es imperativo que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con la Jurisdiccional, cumplan de inmediato con el mandato de instalar los órganos evaluadores correspondientes. El cumplimiento formal de los plazos y procedimientos de la materia penal y administrativa aplicada al servicio público no puede seguir supeditado a las coyunturas o negociaciones de los partidos.
Un Estado constitucional presupone que el poder audita al poder mediante normas e instituciones vigentes, no a través del archivo muerto. Mientras el Congreso de la Unión mantenga clausurado el cauce del juicio político, los mecanismos de contrapeso constitucional seguirán siendo un postulado teórico desmentido por la realidad de las cifras.
M.S.M.
