La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el retiro del espot del Partido Acción Nacional (PAN) titulado “Nos traicionaron”, al considerar que contiene imputaciones falsas contra Morena al acusarlo de “aliarse con el crimen” y “entregar el gobierno al crimen”, sin presentar pruebas que sustenten dichas afirmaciones.
La resolución, aprobada el 27 de mayo de 2026, representa un nuevo episodio en la disputa política entre partidos rumbo al proceso electoral, pero también vuelve a colocar en el centro del debate los límites entre la libertad de expresión, la crítica política y la difusión de acusaciones sin sustento legal o documental.
De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, las frases contenidas en el promocional no pueden considerarse únicamente opiniones severas o parte del debate político, ya que atribuyen de manera directa conductas ilícitas a un partido político sin que existan elementos verificables que respalden dichas afirmaciones.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral había propuesto declarar procedente la queja presentada contra el PAN, argumentando que las expresiones difundidas “no encuadran en una mera crítica u opinión fuerte”, sino que constituyen señalamientos concretos sobre presuntas actividades criminales. La instancia sostuvo que el partido denunciante no logró acreditar que sus dichos estuvieran respaldados en investigaciones periodísticas o fuentes documentales verificables.
Durante la discusión, el consejero electoral Arturo Castillo propuso centrar la argumentación en la figura de “hechos falsos”, más allá de determinar un tipo penal específico. El criterio fue respaldado por las consejeras Rita Bell López y Frida Gómez, quienes coincidieron en que el análisis debía enfocarse en la ausencia de sustento probatorio y no únicamente en la gravedad del señalamiento.
La decisión del órgano electoral ocurre en un contexto de creciente confrontación política y campañas de comunicación más agresivas entre fuerzas partidistas. Sin embargo, el INE reiteró que la libertad de expresión en materia electoral no es absoluta cuando se difunden acusaciones que pueden afectar la equidad de la contienda o vulnerar derechos sin evidencia comprobable.
Aunque el PAN podrá impugnar la determinación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la medida cautelar obliga al retiro inmediato del promocional mientras se resuelve el fondo del asunto. El caso podría convertirse en un precedente relevante sobre el uso de mensajes negativos en propaganda política y los alcances legales de las campañas de contraste.
La resolución también revive el debate sobre la eficacia de las autoridades electorales para contener la desinformación y el discurso polarizante en tiempos electorales. Especialistas han advertido que, aunque los partidos suelen recurrir a mensajes de confrontación para movilizar a sus bases, la difusión de acusaciones no comprobadas puede deteriorar aún más la confianza pública en las instituciones y profundizar la polarización política.
