Como una medida orientada a combatir la impunidad en delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal local para establecer que los delitos de violación, abuso sexual y pornografía infantil contra este sector de la población ya no prescriban.
Las modificaciones aprobadas reforman los artículos 108 y 111 del Código Penal capitalino y fueron avaladas durante la sesión ordinaria del Congreso local. Legisladores argumentaron que la medida responde a la necesidad de garantizar acceso a la justicia para víctimas que tardan años en denunciar debido a miedo, amenazas, trauma psicológico o presión familiar.
Durante la presentación del dictamen, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que la reforma representa un “acto de justicia humanitaria” y una respuesta a una deuda histórica con la niñez y las adolescencias de la capital del país.
La legisladora señaló que en México se registran cerca de 10 mil casos anuales de abuso sexual infantil; sin embargo, advirtió que las cifras oficiales sólo reflejan una parte del problema debido al subregistro y a las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar. También reconoció que, en muchos casos, las familias encuentran obstáculos institucionales y procesos de procuración de justicia lentos o revictimizantes.
Uno de los principales cambios incluidos en el dictamen consiste en eliminar la posibilidad de que estos delitos queden sin castigo por el paso del tiempo. Con ello, las autoridades podrán investigar y perseguir penalmente estos casos sin importar cuántos años hayan transcurrido desde la agresión, una medida que organizaciones defensoras de derechos de la infancia han impulsado en distintas entidades del país.
La reforma también incorpora cambios de lenguaje jurídico dentro del Código Penal capitalino. En específico, elimina el término “menores” para sustituirlo por “niñas, niños y adolescentes”, en concordancia con criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares de derechos humanos relacionados con el interés superior de la niñez.
Desde tribuna, la diputada promovente afirmó que el uso del término “menores” reproduce una visión tutelar y de subordinación hacia la infancia, mientras que el nuevo lenguaje reconoce a este sector como sujetos plenos de derechos. Legisladores señalaron que esta adecuación busca armonizar la legislación local con criterios constitucionales y tratados internacionales en materia de protección infantil.
Aunque la reforma fue respaldada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino, especialistas han advertido en distintos foros que el endurecimiento legal por sí solo no garantiza justicia para las víctimas. Organizaciones civiles han insistido en que aún persisten desafíos relacionados con atención psicológica, acompañamiento jurídico, capacitación ministerial y combate a la revictimización en fiscalías y tribunales.
Con la aprobación de estas modificaciones, la Ciudad de México se suma a otras entidades que han endurecido las sanciones y eliminado límites de prescripción para delitos sexuales cometidos contra menores de edad, en medio de una creciente presión social para fortalecer los mecanismos de protección de la infancia y garantizar procesos judiciales efectivos.
