Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro rechazó las acusaciones de presuntas irregularidades, simulación de competencia y sobrecostos en la contratación de las obras de remodelación del tramo General Anaya–Revolución de la Línea 2. La respuesta surge luego de que legisladores del PAN en la Ciudad de México presentaran una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina para que investigue el proceso de adjudicación de los contratos.
El organismo aseguró que la contratación de las empresas encargadas de las obras se realizó mediante el procedimiento de invitación restringida, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, y sostuvo que todas las compañías participantes entregaron la documentación legal, técnica y administrativa requerida, misma que fue revisada y validada por las áreas competentes del Metro.
La controversia comenzó cuando diputados del PAN CDMX denunciaron posibles irregularidades en la contratación de trabajos para la rehabilitación de estaciones como Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto. Los legisladores señalaron una presunta simulación de competencia entre empresas participantes y afirmaron que algunas de ellas tendrían vínculos entre sí, además de haber obtenido contratos anteriores con el organismo.
Entre las compañías mencionadas por la oposición se encuentran INDHR S.A. de C.V., Alfa Proveedores y Contratistas, así como Asfalto y Proyectos e Ingeniería de Puebla, cuyos procesos de contratación fueron cuestionados por los denunciantes. Con base en esos señalamientos, el PAN solicitó que la Contraloría investigue al director general del STC Metro, Adrián Ruvalcaba, para determinar si existieron posibles responsabilidades administrativas.
En respuesta, el Metro sostuvo que no existe sustento para hablar de presuntos sobrecostos, ya que las obras aún no han generado pagos definitivos. Precisó que actualmente se desarrolla el proceso de revisión de costos, validación de estimaciones y supervisión física de los trabajos ejecutados, por lo que cualquier monto deberá ser verificado antes de autorizarse.
El organismo añadió que la supervisión técnica y administrativa continúa durante el desarrollo del proyecto y que los dictámenes correspondientes permitirán corroborar el cumplimiento de los contratos. Asimismo, informó que realizará auditorías y revisiones internas para dar certeza sobre los procedimientos de contratación y atender cualquier duda relacionada con el proceso.
Mientras tanto, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México deberá analizar la denuncia presentada por el PAN y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal. En caso de detectarse irregularidades, podrían derivarse sanciones administrativas o incluso la revisión de los contratos celebrados.
El caso mantiene abiertas dos posturas contrapuestas. Por un lado, el STC Metro sostiene que la contratación se realizó conforme al marco legal y que aún no existen pagos que permitan hablar de sobrecostos; por el otro, la oposición insiste en que corresponde a la autoridad fiscalizadora verificar la independencia de las empresas participantes y descartar posibles conflictos de interés. El resultado de las investigaciones y la publicación de los dictámenes técnicos serán determinantes para esclarecer el proceso.
Fuentes institucionales: Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro; Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
