Por Bruno Cortés
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, encabezó la presentación del “Estudio Económico de México 2026” ante la Cámara de Diputados, documento técnico donde la OCDE ratifica la estabilidad de las finanzas públicas nacionales. El informe destaca que el país ha mantenido su solidez financiera frente a las tensiones comerciales globales y la reconfiguración de las cadenas de valor, integrando la inversión pública con programas sociales de transferencias directas.
Durante la sesión virtual organizada por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, se identificaron cuatro prioridades métricas para el fortalecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a largo plazo. La primera instancia subraya la preservación de la estabilidad macroeconómica como pilar fundamental, seguida por la necesidad de incrementar los flujos de inversión, acelerar la digitalización de procesos administrativos y el desarrollo de habilidades técnicas en la fuerza laboral.
Un dato crítico revelado por Alberto González Pandiella, jefe de equipo de la OCDE, es la correlación directa entre el nivel académico y la tasa de informalidad laboral. Las estadísticas muestran que el 90% de los individuos sin educación primaria se encuentran en el sector informal, mientras que este indicador desciende al 30% en aquellos que cuentan con educación de nivel superior. La OCDE enfatiza que el reto educativo nacional se centra ahora en reducir la deserción previa a la conclusión del bachillerato.
En términos de sostenibilidad, la diputada Abreu Artiñano señaló que el aprovechamiento del potencial en energías limpias es una ruta crítica para cumplir con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático. El estudio sugiere que la adaptación climática es una prioridad económica urgente, dado que México presenta una exposición elevada a riesgos ambientales que impactan directamente en la estabilidad de los mercados y la infraestructura productiva.
La secretaria Aliza Klip Moshinsky resaltó que este intercambio de datos forma parte de un proyecto de reflexión sobre la agenda internacional promovido por el diputado Ricardo Monreal Ávila. El objetivo técnico es que los legisladores utilicen este acervo de información para la creación de políticas públicas basadas en evidencia científica y comparativas internacionales. El diálogo entre expertos de la OCDE y asesores legislativos busca optimizar el marco normativo nacional.
Aída Caldera Sánchez, de la OCDE, puntualizó que la digitalización y la simplificación de trámites son herramientas clave para combatir la informalidad, que sigue limitando las oportunidades de expansión económica general. El estudio recomienda que el fortalecimiento de las bases de crecimiento debe ir acompañado de una modernización de los procesos de empleo formal, alineados con el fortalecimiento del salario mínimo observado en los últimos ciclos presupuestarios.
Finalmente, el organismo internacional se puso a disposición de la Cámara de Diputados para profundizar en análisis específicos que requiera el trabajo parlamentario. La estabilidad macroeconómica de México, aunque resiliente, demanda una vigilancia constante de las variables externas y una profundización en las reformas estructurales de educación y transición energética para garantizar un crecimiento sostenido hacia el final de la década.
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