Por Bruno Cortés
La discusión sobre lo que pasa dentro del deporte mexicano dejó de ser incómoda y empezó a tomar forma en el Congreso. La diputada Xóchitl Zagal Ramírez puso sobre la mesa algo que por años se ha normalizado: la violencia contra atletas, desde categorías infantiles hasta alto rendimiento, y la necesidad de llevar estos casos al Código Penal Federal.
En un conversatorio en la Cámara de Diputados, la legisladora escuchó de frente testimonios que reflejan un problema más profundo de lo que parece. Atletas, exdeportistas y familias coincidieron en algo: los abusos no son aislados, son parte de una dinámica que muchas veces queda impune. Hablamos de violencia psicológica, física e incluso sexual por parte de entrenadores o personal cercano, en entornos donde debería existir protección total.
Para entenderlo fácil: hoy existen protocolos, pero en la práctica no se aplican o se quedan cortos. Por eso la propuesta apunta a subir el nivel del problema, es decir, convertir estas conductas en delitos claros dentro de la ley. La lógica es sencilla: si no está tipificado, es más difícil castigar.
Los datos que salieron en la mesa son duros. Se estima que más de la mitad de los atletas en México han vivido algún tipo de violencia. Y lo más grave es que muchos terminan abandonando su carrera deportiva, no por falta de talento, sino por el entorno en el que se desarrollan. Ahí es donde entra el enfoque de política pública: no solo se trata de castigar, sino de prevenir y garantizar espacios seguros.
Desde el Congreso, lo que se busca ahora es construir una ruta legal que obligue a las instituciones deportivas a responder. Esto implica revisar protocolos, crear mecanismos de denuncia efectivos y, sobre todo, evitar que los casos se queden congelados en la burocracia o protegidos por influencias.
También hay otro ángulo importante: el tema de infancia. Muchos de los testimonios apuntan a abusos desde edades tempranas, donde las y los menores quedan completamente vulnerables. Sin reglas claras y supervisión real, el riesgo se multiplica.
La discusión apenas empieza, pero marca un cambio relevante: pasar de reconocer el problema a intentar legislarlo. Si avanza, no solo impactaría al deporte, sino que abriría un precedente sobre cómo el Estado interviene en espacios donde antes casi no entraba.