Por Juan Pablo Ojeda
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el inicio de una fase de intervención terrestre dirigida a desarticular el tráfico de estupefacientes, condicionando la soberanía operativa de México al cumplimiento de objetivos específicos por parte de la administración de Claudia Sheinbaum. Durante un evento del Día de las Madres en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense cuantificó en un 97% la reducción del tráfico de drogas por vía marítima como resultado de bombardeos directos.
La métrica de éxito presentada por Trump se basa en una campaña de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, la cual ha dejado un saldo de más de 190 personas fallecidas desde mediados de 2025. Según el Ejecutivo estadounidense, la efectividad de estos bombardeos valida la transición hacia tácticas similares en rutas terrestres, argumentando que la logística en superficie resulta «mucho más sencilla» que la ejecución naval.
El pronunciamiento coincide con la publicación de la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos 2026, documento que faculta al Pentágono para ejecutar acciones unilaterales en el continente americano. El texto oficial advierte que Washington intervendrá directamente en territorios donde los gobiernos locales sean clasificados como «cómplices» u omisos ante la actividad de las organizaciones criminales transnacionales.
En respuesta a las quejas diplomáticas emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Trump desestimó las críticas sobre la violación de protocolos internacionales. El mandatario fue enfático al señalar que, ante la incapacidad o negativa del gobierno mexicano para realizar «el trabajo», las fuerzas armadas estadounidenses asumirán la tarea de interdicción en suelo extranjero.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura de rechazo absoluto a la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional, calificando la soberanía de México como un activo no negociable. La mandataria ha reiterado que cualquier esquema de seguridad conjunta debe operar bajo el principio de coordinación técnica y no bajo una estructura de subordinación jerárquica.
A pesar de la retórica de intervención, el marco legal vigente entre ambas naciones se rige por el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’ firmado en septiembre de 2025. Este acuerdo estableció un grupo de implementación de alto nivel para supervisar compromisos compartidos, el cual fue calificado anteriormente por el Departamento de Estado como una colaboración sin precedentes.
El escalamiento de la narrativa de Trump introduce una variable de riesgo en la relación bilateral, al ignorar los protocolos de coordinación marítima previamente establecidos. La ejecución de la fase terrestre implicaría una ruptura del orden diplomático y técnico, afectando la estabilidad del comercio y la cooperación institucional en la zona fronteriza más transitada del mundo.
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