Ciudad de México. Con el objetivo de reforzar la prevención, detección y atención de la conducta suicida en niñas, niños y adolescentes, el Congreso capitalino analiza una iniciativa que plantea reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en medio de advertencias sobre el incremento de crisis de salud mental en población menor de edad.
La propuesta fue presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante de Congreso de la Ciudad de México, quien plantea adicionar un artículo 2 Bis a la legislación vigente para fortalecer el marco de actuación institucional frente a conductas suicidas e ideas autolesivas en menores de edad.
El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez para su análisis y dictaminación. En caso de avanzar en comisiones y ser aprobado por el Pleno, la iniciativa sería enviada al Congreso de la Unión, al tratarse de una reforma a una ley general de alcance nacional.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la instrucción al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para emitir un protocolo nacional de intervención crítica de la conducta suicida, que obligue a hospitales generales y autoridades competentes a contar con personal especializado disponible las 24 horas del día.
De acuerdo con el documento legislativo, la intención es cerrar brechas de atención inmediata en situaciones de crisis, especialmente en contextos donde la atención psicológica o psiquiátrica de urgencia resulta limitada o desigual entre entidades federativas.
El legislador argumenta que el suicidio constituye un problema de salud pública que requiere un abordaje integral desde distintos sectores, incluyendo salud, educación, justicia y comunicación social. En su exposición, subraya la necesidad de coordinación interinstitucional para mejorar la prevención y la detección temprana de riesgos.
Asimismo, la iniciativa enfatiza la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica de los casos de suicidio y de autolesiones en menores de edad, con el fin de generar datos más precisos que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque preventivo.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han advertido que el suicidio es una de las principales causas de muerte en adolescentes a nivel global, lo que refuerza la urgencia de establecer protocolos especializados y sistemas de respuesta inmediata en todos los niveles de gobierno, según referencias institucionales de salud pública.
La iniciativa continúa en análisis legislativo en un contexto donde especialistas y autoridades sanitarias han reiterado la necesidad de reforzar la salud mental infantil y adolescente como prioridad pública, ante el incremento de factores de riesgo asociados a violencia, aislamiento social y crisis emocionales.
