De acuerdo con la Sedema, la empresa desarrolladora fue notificada de que no podrá ejecutar acciones que alteren la permeabilidad del terreno mientras continúe el proceso judicial relacionado con el amparo. La dependencia precisó que la revisión incluirá la evaluación de áreas verdes, condiciones del subsuelo y posibles impactos ambientales derivados de la construcción.
La clausura, sin embargo, no representa una cancelación definitiva del proyecto. Autoridades capitalinas aclararon que se trata de una medida preventiva y temporal, vinculada al cumplimiento de disposiciones ambientales y judiciales que continúan en análisis.
El conflicto también expone nuevamente las tensiones entre megaproyectos inmobiliarios y comunidades residentes en zonas de alta densidad de la capital. Vecinos han señalado que el crecimiento vertical en alcaldías centrales ha avanzado con poca planeación urbana y con insuficiente evaluación de impactos ambientales y de servicios públicos.
Durante las movilizaciones recientes, habitantes exigieron mayor transparencia sobre los permisos otorgados al desarrollo Be Grand Alto Polanco, así como estudios relacionados con impacto hídrico, movilidad y protección civil. Las protestas derivaron en cierres parciales de vialidades y presencia de autoridades para evitar confrontaciones.
Por su parte, la Sedema informó que mantendrá seguimiento permanente al caso y reiteró que cualquier intervención en el predio deberá apegarse a las restricciones establecidas por la suspensión provisional vigente. La dependencia también aseguró que dará continuidad a las demandas ciudadanas relacionadas con la preservación ambiental y el equilibrio urbano en la zona.
Especialistas en desarrollo urbano han advertido que este tipo de conflictos refleja la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión ambiental y participación ciudadana en proyectos de gran escala, especialmente en áreas con estrés hídrico y alta concentración habitacional como el corredor de Nuevo Polanco.
La resolución final del caso dependerá tanto de las inspecciones ambientales anunciadas por Sedema como del avance del juicio de amparo que actualmente mantiene limitadas ciertas actividades dentro de la obra.
