Ciudad de México.- Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aseguró ante un juez federal que su detención responde a un «asunto político» y sostuvo que las autoridades están utilizando a las mujeres de su familia para presionar al exfuncionario, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) la investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados.
Durante la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gilda Lozoya afirmó que ella, su madre y su cuñada han sido objeto de acciones penales que, a su juicio, buscan ejercer presión indirecta sobre Emilio Lozoya, quien enfrenta diversos procesos por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de Pemex.
La imputada fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al regresar de un viaje por Europa. De acuerdo con la FGR, existe una investigación que la señala como presunta participante en un esquema de triangulación de recursos relacionados con la compra irregular de la planta Agronitrogenados, operación considerada uno de los casos emblemáticos de presunta corrupción en la empresa productiva del Estado.
Ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, Gilda Lozoya manifestó que abandonó el país únicamente durante una semana por motivos familiares y afirmó que al salir de México no existía impedimento legal para hacerlo ni había sido notificada de una orden de captura. También aseguró que decidió regresar voluntariamente porque su residencia y su familia se encuentran en el país y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.
La jueza determinó suspender la audiencia sin resolver aún sobre la legalidad de la detención ni sobre la imputación presentada por el Ministerio Público Federal. Mientras se reanuda la diligencia judicial, Gilda Lozoya permanecerá bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, instancia que deberá formalizar la acusación por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el expediente Agronitrogenados, investigación mediante la cual la FGR sostiene que diversos familiares y personas cercanas a Emilio Lozoya habrían participado en el movimiento de recursos presuntamente vinculados con actos de corrupción. La defensa, por su parte, rechaza esas acusaciones y argumenta que existe un componente político en la actuación de las autoridades ministeriales.
Las declaraciones de Gilda Lozoya también introducen un componente de debate sobre la dimensión de género dentro del proceso. La imputada sostuvo que las investigaciones se han concentrado en las mujeres de su familia como mecanismo de presión contra su hermano, una afirmación que, hasta el momento, no ha sido respaldada judicialmente y que forma parte de la estrategia de defensa expuesta durante la audiencia. Corresponderá al proceso penal determinar si las imputaciones responden exclusivamente a elementos probatorios o si existen fundamentos para los señalamientos de persecución política.
El desarrollo del caso dependerá de las siguientes audiencias, en las que la FGR deberá presentar los datos de prueba que sustenten la imputación, mientras la defensa buscará desacreditar la legalidad de la detención y las acusaciones. El proceso se suma a la larga ruta judicial derivada del caso Emilio Lozoya, considerado uno de los expedientes de mayor impacto en la agenda anticorrupción del país.
