La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó haber solicitado el cambio de medida cautelar para Ernesto Ruffo Appel y aclaró que, hasta el momento, la defensa del exgobernador de Baja California no había notificado formalmente una petición para que enfrentara su proceso bajo prisión domiciliaria.
La aclaración ocurre en medio de la investigación por el presunto huachicol fiscal y contrabando de hidrocarburos, caso en el que Ruffo se encuentra sujeto a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con la FGR, como parte de las diligencias ministeriales se realizaron dos cateos en bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde fueron asegurados diversos documentos que serán incorporados a la investigación.
Entre el material localizado se encuentran pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos, documentos que, según la fiscalía, podrían aportar elementos para acreditar una presunta simulación de operaciones y la estructura financiera y corporativa relacionada con el caso.
La autoridad federal sostiene que estos indicios forman parte de una investigación más amplia sobre una posible red dedicada al contrabando de combustible y operaciones simuladas, en la que estarían involucradas otras personas además de Ruffo.
Los cateos fueron realizados con la participación de agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones para recabar y preservar evidencia relacionada con la carpeta de investigación.
En cuanto a la situación jurídica de Ernesto Ruffo, los reportes disponibles señalan que permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso por delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos. La FGR enfatizó que no fue la institución la que solicitó sustituir esta medida por prisión domiciliaria.
El caso continúa bajo investigación y será la autoridad judicial la que determine, con base en los elementos presentados por las partes, las medidas cautelares y la eventual responsabilidad penal de los involucrados. Hasta que exista una resolución definitiva, prevalece el principio de presunción de inocencia.
