Una investigación periodística de N+ y testimonios de la Agencia Federal para el Control de Drogas (DEA) desglosaron el esquema financiero mediante el cual el gobierno de Sinaloa, encabezado por el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cedió el control de la infraestructura hídrica a la facción de “Los Chapitos”. El acuerdo incluyó la entrega de la administración de las juntas de agua potable y 48 módulos de riego agrícolas en la entidad.
El flujo de capital comenzó con la inyección de 10 millones de dólares en efectivo para la campaña electoral de 2021. Según el informante de la DEA, el recurso fue entregado por René Bastidas Mercado, alias “Doble Cero”, en el municipio de Elota. Este monto habría sido el pago inicial para asegurar la victoria en las urnas del candidato de Morena.
Datos técnicos aportados por el contador Rodolfo López, administrador del módulo cinco en Angostura, señalan que cada unidad de riego generaba una extracción ilícita de aproximadamente 100 millones de pesos al año. Al existir 48 módulos distribuidos en 9 distritos de riego, el desvío potencial para el crimen organizado superó los 4,000 millones de pesos anuales.
El mecanismo de saqueo operaba a través de la nómina y el presupuesto directo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los informes contables revelan la existencia de múltiples «aviadores» y la alteración de facturas para encubrir la salida de dinero público. Estos recursos eran destinados, según las indagatorias, a la adquisición de armamento y logística delictiva.
En ciudades estratégicas como Culiacán (JAPAC), Mazatlán (JUMAPAM) y Guamúchil, las juntas municipales de agua potable también quedaron bajo control operativo del cártel. Esta estructura permitió que el grupo delictivo gestionara no solo el recurso natural, sino la recaudación directa de los usuarios del servicio.
La investigación en el Distrito Sur de Nueva York vincula directamente a los hijos de Rocha Moya en la recepción de los paquetes de efectivo. Se reporta la existencia de material en video que documenta las reuniones en Playa Ceuta, donde se pactaron las posiciones estratégicas dentro del gabinete estatal.
El rastro financiero culminó en violencia sistemática contra los cuadros técnicos. El asesinato de Rodolfo López, localizado el 13 de julio de 2025 tras ser secuestrado en mayo, coincidió con la desaparición de otros tres presidentes de módulos de riego, consolidando el control total del presupuesto hídrico por parte de la organización criminal.
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