El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presentó este miércoles una solicitud formal ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El documento exige que el partido político Morena sea clasificado como una organización terrorista, basándose en presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.
La petición técnica se sustenta en la Orden Ejecutiva 13224, firmada originalmente por el expresidente George W. Bush. Este mecanismo jurídico faculta al gobierno estadounidense para bloquear activos, atacar el financiamiento y actuar contra organizaciones e individuos que apoyen actividades catalogadas como terroristas, permitiendo una intervención directa en los flujos de capital.
Moreno Cárdenas argumentó que existen antecedentes internacionales, como el caso de Batasuna en España, brazo político de la organización ETA, para justificar esta solicitud. La denuncia señala que la supuesta alianza entre el partido oficialista y grupos delictivos ha incidido en los resultados de los procesos electorales recientes en territorio mexicano.
El líder priista subrayó que esta coalición ha operado bajo un esquema de respaldo político y protección institucional a cambio de beneficios operativos para los cárteles. La acusación surge en un momento de tensión diplomática por el rechazo de la extradición de diez funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Los datos presentados por el PRI sugieren que la intervención del crimen organizado no es un evento aislado, sino un patrón de conducta política. En agosto de 2021, una comisión del PAN, PRI y PRD ya había entregado un expediente de 53 páginas en Washington D.C. detallando estas irregularidades ante la OEA y la CIDH.
La movilización del dirigente opositor busca activar las facultades del Departamento del Tesoro para rastrear y congelar cuentas bancarias vinculadas a la estructura de Morena. Según el documento, México requiere un gobierno con manos limpias que no normalice la convivencia con grupos armados que vulneran la soberanía del país.
Finalmente, el PRI anunció que mantendrá el seguimiento de esta denuncia ante el Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. La resolución de las autoridades estadounidenses podría implicar sanciones económicas severas y la restricción de movilidad para integrantes del partido señalado en territorio norteamericano.
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