Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este 16 de julio de 2026 contra la política de redadas migratorias impulsada por Donald Trump, calificando las tácticas de detención como inapropiadas para atender el fenómeno migratorio. La mandataria enfatizó que el trabajo de los migrantes mexicanos no solo sostiene a sus familias, sino que es un pilar fundamental para la economía de los Estados Unidos.
El rechazo a las detenciones se basa en la premisa de que los migrantes son personas trabajadoras y honestas que buscan mejores oportunidades, por lo que no deben ser tratados bajo esquemas de criminalización. Sheinbaum subrayó que cualquier medida de control fronterizo debe privilegiar el respeto a los derechos humanos, independientemente del estatus migratorio de las personas.
Desde el inicio de las redadas, el gobierno mexicano ha contabilizado la detención de cientos de connacionales, cifra que es objeto de monitoreo constante por parte de la red consular. La presidenta ha instruido a los consulados para que brinden asesoría legal inmediata y permanente a todos los afectados.
El gobierno federal ha enviado notas diplomáticas solicitando que los mexicanos detenidos reciban un trato digno y sean repatriados con celeridad si así procede, buscando evitar estancias prolongadas en centros de detención. La postura oficial exige que las autoridades estadounidenses atiendan el fenómeno a través del diálogo y una reforma migratoria integral.
Los datos oficiales contrastan con la narrativa de las agencias de seguridad estadounidenses, siendo una fuente de tensión diplomática recurrente. México ha insistido en que la violencia operativa en los retenes y redadas contradice los principios de cooperación que deben regir la relación bilateral.
La mandataria hizo un llamado a la sociedad mexicana a mantenerse solidaria con los connacionales en el exterior. Asimismo, reafirmó que el Estado mexicano mantendrá su postura de defensa de la soberanía y los derechos de sus ciudadanos frente a cualquier medida arbitraria.
El gobierno continuará documentando posibles violaciones a los Derechos Humanos en los centros del ICE, donde se han reportado condiciones críticas y negligencias médicas. La exigencia de una solución rápida se mantiene como prioridad en la comunicación con la administración estadounidense.
