Por Bruno Cortés
En el Congreso se empezó a mover un tema que pocas veces llega a la conversación pública, pero que pega directo en la vida de quienes sobreviven al cáncer: la posibilidad de tener hijos después del tratamiento. La diputada Mónica Herrera Villavicencio puso el dedo en la llaga al reconocer que México lleva casi dos décadas sin construir políticas públicas claras sobre oncofertilidad, es decir, los tratamientos que permiten preservar la fertilidad antes de enfrentar terapias agresivas como la quimioterapia.
Dicho en términos simples, hoy en México alguien puede vencer el cáncer, pero en el camino perder la posibilidad de formar una familia, no por falta de tecnología, sino porque el sistema público de salud no lo contempla como un derecho garantizado. Y ahí está el punto central del debate: pasar de verlo como algo opcional o de lujo, a reconocerlo como parte integral del tratamiento.
Herrera Villavicencio lo explicó sin rodeos: no hay protocolos obligatorios en hospitales públicos, no hay reglas claras que obliguen a ofrecer estas opciones, y eso deja a miles de pacientes dependiendo de su bolsillo. En la práctica, quien puede pagar accede a estos procedimientos en clínicas privadas; quien no, simplemente no tiene alternativa. Esa brecha, en términos de política pública, es desigualdad pura.
El tema no es menor si se ve desde la lógica del Estado. Cuando el gobierno diseña políticas de salud, decide qué servicios son universales y cuáles no. Hoy, la oncofertilidad está fuera de esa lista, lo que significa que no hay presupuesto asignado, ni lineamientos nacionales, ni obligación institucional de ofrecerla. Por eso, la propuesta que empieza a discutirse en el Congreso busca cambiar justo eso: convertirla en un servicio reconocido dentro del sistema público.
Desde el ámbito académico, Francisco Javier Jiménez Trejo advirtió que el país viene arrastrando un rezago de casi 20 años frente a otras naciones donde estos tratamientos ya forman parte de la atención médica. Su diagnóstico es claro: mientras en otros lugares la preservación de la fertilidad es parte del protocolo, en México ni siquiera existe un marco legal específico que lo respalde.
Y aquí es donde entra la parte más tangible para la gente. Sin reglas claras, los hospitales no están obligados a informar a los pacientes sobre estas opciones desde el inicio del tratamiento. Eso significa que muchas personas se enteran demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer. En política pública, eso se traduce en fallas de acceso a la información, otro componente clave del derecho a la salud.
Desde la trinchera médica, la oncóloga Gloria García explicó algo que aterriza el problema: curar el cáncer no siempre significa recuperar una vida plena si no se consideran estos factores desde el inicio. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la situación es aún más delicada, porque muchas decisiones dependen de que la información llegue a tiempo y de forma adecuada.
Lo que se está planteando en el Congreso, en pocas palabras, es ampliar la idea de salud pública. No solo se trata de salvar vidas, sino de garantizar calidad de vida después de la enfermedad. Y eso implica decisiones concretas: crear protocolos obligatorios, destinar recursos, capacitar personal médico y asegurar que todos los pacientes, sin importar su nivel económico, tengan acceso a estas alternativas.
El reto no es menor, porque implica cambiar leyes, mover presupuesto y ajustar prioridades dentro del sistema de salud. Pero el mensaje que empieza a tomar forma es claro: sobrevivir al cáncer no debería significar renunciar al futuro.
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