La decisión de autoridades capitalinas de corregir con pintura amarilla parte de la infraestructura urbana que recientemente había sido intervenida con color morado dentro de la estrategia conocida como “ajolotización” provocó una nueva ola de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, los criterios técnicos aplicados en obras de mantenimiento y la prioridad de la seguridad vial frente a consideraciones estéticas.
La controversia surgió luego de que usuarios de redes sociales documentaran que puentes peatonales y elementos de protección ubicados en el Distribuidor Vial San Antonio, con dirección hacia Río Becerra, en la alcaldía Benito Juárez, fueron repintados de amarillo semanas después de haber sido cubiertos con pintura morada, color que forma parte de la identidad gráfica impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México en diversos espacios públicos.
Ante las críticas, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) explicó que el color morado fue aplicado por una empresa contratista durante trabajos de mantenimiento rutinario; sin embargo, la dependencia señaló que dicha intervención no cumplía con los criterios técnicos establecidos para este tipo de infraestructura, por lo que fue necesario realizar un ajuste correctivo para apegarse a la normatividad vigente.
La dependencia precisó que no existe una instrucción gubernamental para sustituir de manera generalizada los colores tradicionales de la infraestructura vial por tonalidades asociadas a campañas institucionales. Según la versión oficial, la modificación observada en el Distribuidor Vial San Antonio respondió exclusivamente a criterios de seguridad y señalización, y no a un cambio de política pública.
Especialistas en movilidad y usuarios de redes sociales habían advertido previamente que el uso de pintura morada en barandales, escalones y barreras de protección podría afectar la visibilidad nocturna de elementos que requieren una rápida identificación por parte de peatones y conductores. Estas observaciones se intensificaron tras difundirse imágenes donde la pintura amarilla volvió a colocarse en zonas consideradas de riesgo.
El debate también alcanzó el terreno presupuestal. Diversas publicaciones y comentarios ciudadanos cuestionaron el costo de las intervenciones urbanas relacionadas con la estrategia de imagen pública del gobierno capitalino. Aunque no existe una cifra oficial consolidada sobre el gasto total destinado a estas acciones, críticos de la medida señalaron que la reposición de pintura podría representar costos adicionales para las finanzas públicas.
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, así como con el Manual de Señalización Vial, los elementos que delimitan espacios donde existe interacción o proximidad entre peatones y vehículos deben mantener colores que garanticen una adecuada percepción visual y contribuyan a la prevención de accidentes. En ese contexto, el amarillo es considerado un color de advertencia ampliamente utilizado para identificar obstáculos, barreras y zonas de precaución.
La normativa establece además que en puentes peatonales y estructuras donde exista convivencia o cercanía con la circulación vehicular, la visibilidad debe prevalecer sobre criterios decorativos o arquitectónicos. Si bien otros colores pueden emplearse en determinados elementos urbanos por razones estéticas, los componentes vinculados con la seguridad vial deben ajustarse a parámetros técnicos específicos.
El caso refleja la tensión permanente entre las estrategias de identidad urbana promovidas por las administraciones públicas y las exigencias de especialistas en movilidad, seguridad vial y transparencia en el uso de recursos. Mientras las autoridades sostienen que la corrección observada responde al cumplimiento de la normatividad, el episodio ha reabierto la discusión sobre la planeación, supervisión y evaluación de las intervenciones urbanas realizadas en la capital del país.
