La diputada federal Kenia López Rabadán acusó a la mayoría parlamentaria de Morena de imponer un esquema de opacidad y desacato reglamentario en la Comisión Permanente del Congreso. La legisladora fiscalizó el actuar de la presidencia de la mesa directiva, señalando que se autorizó el procesamiento de reformas estructurales mediante el ocultamiento de los textos jurídicos y la simulación de debates en comisiones no facultadas.
El reclamo principal de la representante de la oposición se fundamenta en la falta de certeza jurídica sobre los documentos que pretenden someterse a votación en el próximo periodo extraordinario. López Rabadán evidenció que el oficialismo busca obligar a los legisladores a sesionar a ciegas, contraviniendo el principio de máxima publicidad y el derecho a la deliberación informada que rige al Poder Legislativo.
La legisladora documentó que la recepción de la primera iniciativa presidencial se realizó a puerta cerrada, restringiendo el acceso a los grupos parlamentarios de oposición que integran de forma legal la mesa directiva del Congreso de la Unión. Este hecho fue calificado como una violación flagrante a la ética parlamentaria y una maniobra para evitar el análisis crítico de las propuestas antes de su envío a las comisiones dictaminadoras.
En el renglón presupuestario, López Rabadán enfatizó que las adiciones legales pretenden utilizar recursos públicos de los contribuyentes para financiar estructuras que no cuentan con un diseño institucional transparente. La adición de una nueva causal para anular candidaturas por presunta intervención extranjera, advirtió, carece de reglas de operación claras y se perfila como una herramienta de discrecionalidad política.
El escrutinio de la bancada opositora se centró en la creación de la comisión encargada de calificar las candidaturas a puestos de elección popular. La diputada denunció que dicha propuesta no existe formalmente como documento de trabajo dentro de la Gaceta Parlamentaria, por lo que su inclusión en el decreto de convocatoria al periodo extraordinario constituye una anomalía jurídica que invalida el proceso.
López Rabadán recordó que la función constitucional de la Comisión Permanente es vigilar el cumplimiento de la legalidad durante los recesos del Congreso, y no operar como oficialía de partes subordinada a las órdenes del Poder Ejecutivo. Sentenció que el avasallamiento de las formas democráticas debilita la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de pesos y contrapesos diseñados para controlar el ejercicio del poder.
La oposición anunció que mantendrá una bitácora detallada de cada omisión procedimental registrada durante la jornada de sesiones de la próxima semana. Los legisladores advirtieron que la aprobación de reformas «al vapor», sin dictámenes aprobados previamente ni deliberación en parlamento abierto, abre la puerta a que las leyes secundarias sean impugnadas y revertidas por el Poder Judicial debido a fallas de origen.
