El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó este lunes 21 de septiembre un mensaje en el que resume la estrategia financiera contra los cárteles: “operan en múltiples frentes” y las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sirven para actuar contra “toda la red”. El anuncio no llega en el aire. Un día antes, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que OFAC designó a 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— presuntamente vinculados a una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. La sorpresa, para quien solo sigue los operativos de calle, es esta: el golpe que se presume más duradero no siempre entra por la puerta de la casa, sino por la cuenta de banco.
La infografía que acompaña el tuit del embajador pone nombres comunes a esa red. OFAC, dice el material de la Misión de Estados Unidos, puede sancionar a líderes, traficantes, quienes lavan dinero, financiadores, empresas fachada y facilitadores. En castellano de mostrador: no solo al que da la orden, también al que presta la factura, el camión, el despacho o la firma que esconde el inmueble. El lema del gráfico es directo: “golpeamos a los cárteles donde más les duele: su dinero”.
Esa cifra de 55 no es un adorno. Es el recuento oficial que difundió la UIF el 20 de septiembre, en coordinación con autoridades de Estados Unidos. México, por su lado, los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas y agregó ocho sujetos más —cuatro personas y cuatro empresas— de la misma estructura. El mensaje bilateral, entonces, tiene dos sellos: uno en Washington y otro en Hacienda.
¿Y qué pasa, en la práctica, cuando alguien cae en esa lista? El propio material de la embajada lo traduce en cuatro consecuencias: se bloquean bienes e intereses bajo jurisdicción de Estados Unidos; las “U.S. persons” —ciudadanos, residentes y quien esté en territorio estadounidense— no pueden hacer negocios con la persona sancionada; las empresas con 50 por ciento o más de propiedad de personas bloqueadas también quedan bloqueadas; y la red se debilita porque se le corta el acceso al dólar, a los bancos y a los proveedores que no quieren quedar enredados. Es como cortar el agua a todo el edificio y no solo echarle llave al penthouse.
OFAC no es un invento de esta semana. Es la oficina del Departamento del Tesoro que administra sanciones económicas. Su herramienta más citada es la lista SDN: nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. Quien aparece ahí queda, en los hechos, fuera del sistema financiero que toca dólares. Para un banco mexicano, un despacho o una empresa de comercio exterior, eso no es un debate de diplomacia: es una alerta de cumplimiento. Si la operación pasa por corresponsales estadounidenses, el riesgo deja de ser teórico.
El contexto de 2025 y 2026 explica por qué el embajador insiste en “toda la red”. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras a seis grupos mexicanos: Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Esa etiqueta no cambia por sí sola lo que ocurre en una colonia. Sí cambia el menú legal con el que Washington procesa, sanciona y presiona a quienes les dan servicio. En julio de 2026, Tesoro ejecutó lo que describió como su mayor acción individual contra el CJNG: más de 50 personas y entidades.
Johnson ha repetido en días recientes la misma línea en otros frentes. El 11 de septiembre, en la ceremonia por los 25 años de los atentados en Nueva York, equiparó la amenaza de los cárteles con la de organizaciones que usan violencia e intimidación para imponer miedo. El 17 de septiembre celebró procesos federales en Estados Unidos que usan leyes reforzadas contra el terrorismo para integrantes de cárteles. El 18 reconoció un operativo mexicano que inhibió un dron usado para vigilar rutas hacia Estados Unidos. El hilo es el mismo: cooperación, inteligencia y, ahora, el dinero.
En México el tema no se discute solo en la embajada. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier pretexto de injerencia debe rechazarse porque viola la soberanía. La UIF, al mismo tiempo, firma comunicados de coordinación con Tesoro y presenta denuncias ante la Fiscalía por probable lavado. Las dos frases pueden convivir en el mismo día: una defiende el perímetro del Estado; la otra acepta que el dólar no reconoce aduanas. El lector no necesita escoger bando para entender el mecanismo.
Lo accionable, si uno no es fiscal ni banquero, cabe en tres gestos. Consultar si un socio, proveedor o cliente aparece en listas de personas bloqueadas. No mover efectivo ni activos a nombre de terceros “por favor”. Y seguir los avisos de la UIF y de la CNBV si se es sujeto obligado. Para el resto, el cambio se siente más tarde: cuando un negocio de la esquina cierra, cuando un predio se embarga o cuando un banco pide más papeles de los que pedía el año pasado.
El cierre del tuit de Johnson es un eslogan de campaña bilateral: #JuntosLogramosMás. El dato que sí se puede llevar a la sobremesa es otro. El 23 de julio Tesoro dijo haber dado el golpe más grande de su historia contra el CJNG; el 20 de septiembre la UIF habló de 55 designados y ocho bloqueados extra. La pregunta que queda en la mesa no es si el cártel tiene jefe. Es esta: ¿quién, en la lista de la red, todavía firma cheques como si el dinero no dejara huella?
