Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados hay un tema que suele pasar desapercibido, pero que en la vida real pega durísimo: el derecho a la identidad de los mexicanos que viven en el extranjero. La diputada de Morena, Maribel Solache González, puso el tema sobre la mesa con un foro que, más que académico, refleja un problema muy concreto: miles de connacionales no pueden acceder a documentos básicos como su acta de nacimiento o la CURP.
Dicho en sencillo, sin esos papeles no hay casi nada. No puedes tramitar pasaporte, credencial de elector ni acceder a servicios básicos. Es como quedar borrado del sistema, aunque seas mexicano.
El problema, según lo expuesto en el foro, no es que no exista el derecho, sino que en la práctica está lleno de trabas. Desde requisitos excesivos hasta procesos burocráticos que se vuelven un viacrucis, sobre todo en consulados. Y aquí es donde entra el enfoque de política pública: cuando una ley no se puede ejercer en la realidad, deja de servir.
Solache lo plantea claro: los consulados deberían tener más facultades para resolver estos trámites ahí mismo, sin que las personas tengan que depender de gestores o, peor aún, de “coyotes” que llegan a cobrar hasta 20 mil pesos por algo que debería ser gratuito. En otras palabras, el Estado está dejando un hueco que alguien más está aprovechando.
Otro punto clave es la digitalización. Aunque existe un sistema nacional para consultar actas, muchas todavía no están cargadas, lo que bloquea todo el proceso. Esto afecta incluso a hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos que buscan la doble nacionalidad. Sin acta digital, el trámite se frena.
Aquí hay un tema de fondo: el derecho a la identidad no es un trámite más, es la puerta de entrada a otros derechos. Sin identidad legal, no hay acceso pleno a educación, salud, empleo o participación política. Por eso, desde el Congreso se busca empujar reformas al Código Civil, la Ley de Migración y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con la idea de que estos procesos sean más simples, gratuitos y accesibles desde cualquier consulado.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha comenzado a mover piezas: simplificación de requisitos, más citas y nuevas facultades para cónsules, quienes ya pueden hacer correcciones en actas o registros desde el extranjero. Suena bien en papel, pero el reto está en que funcione en la práctica y llegue a quienes lo necesitan.
Al final, lo que se discute no es solo burocracia, sino justicia básica. Porque si el Estado no puede garantizar algo tan elemental como tu identidad, todo lo demás se tambalea. Y ahí es donde esta agenda empieza a tomar peso político: no es solo ayudar a migrantes, es cerrar una brecha que lleva años abierta.
