En San Lázaro arrancó una semana movida, de esas en las que el Congreso mezcla símbolos, decisiones técnicas y debates políticos que afectan la vida de millones sin que siempre se note a simple vista. Todo empezó con una larga lista de dictámenes que, aunque parecen asuntos separados, en conjunto dibujan el tipo de país que los legisladores están tratando de moldear.
Uno de los primeros temas fue la aprobación de una moneda conmemorativa por los 200 años de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar. Es un gesto más histórico que práctico, pero sirve para recordar cómo la Cámara suele usar estas efemérides para mantener viva cierta identidad nacional.
Luego llegó un acuerdo más profundo: declarar 2026 como el Año de Margarita Maza Parada. Más que un trámite, es un mensaje político. La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que se busca nombrarla con su identidad completa, dejando atrás el uso tradicional de “Margarita Maza de Juárez”. Es una forma de reivindicar su figura desde una perspectiva de igualdad de género, desmontando inercias que vienen desde los libros de texto.
En la agenda también hay ascensos para la Armada de México, decisiones que suelen avanzar sin sobresaltos porque mantienen en regla la estructura operativa de las fuerzas armadas. Pero lo realmente fuerte está del otro lado: el pulso político por la Ley de Aguas.
Este dictamen encendió focos rojos, sobre todo entre campesinos y productores que llegaron ayer al Congreso con reclamos y propuestas. Ellos aseguran que las modificaciones hechas después de que la presidenta Sheinbaum envió la iniciativa no atienden su demanda central: detener el acaparamiento del agua por grandes propietarios que operan pozos y presas privadas mientras comunidades enteras viven con escasez.
La presidenta de la Cámara admitió que hay diferencias internas y que el proceso todavía tiene dos pasos claros: análisis en comisión y debate en el Pleno. Como quien dice, nada está cantado. Pero también dejó ver que los legisladores tendrán que asumir un voto que impacta directamente a casi 600 mil familias con concesiones actuales y, en general, a todos los mexicanos, porque aquí hablamos de un derecho humano: el agua para vivir, producir y alimentarse.
Entre las preocupaciones de los asistentes destacó la petición de investigar quiénes controlan los grandes pozos. Si el agua es un bien de la nación —se insistió en la mesa—, ¿por qué siempre se fiscaliza al pequeño productor y no a quienes llenan lagos artificiales y albercas privadas? El tema no es menor y se perfila como una de las discusiones más tensas de los próximos días.
Mientras tanto, la Cámara también prepara debates sobre vapeadores y una efeméride por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Son asuntos distintos, sí, pero que forman parte de una sesión cargada de temas que van desde la salud pública hasta la movilidad social.
Afuera del recinto, la política sigue su ritmo. Morena convocó a una marcha para el 7 de diciembre, y su coordinador aseguró que “el tigre está despierto”. La respuesta desde la Mesa Directiva fue prudente: todos tienen derecho a manifestarse sin represiones, sin acarreo y sin distorsionar la voluntad ciudadana. Que la gente participe por convicción, no por presión.
En otro frente, las remesas —que muestran una ligera caída— encendieron preguntas sobre el futuro económico. Para los diputados, reconocer el esfuerzo de los migrantes es indispensable, pero el verdadero desafío está en generar empleos y oportunidades dentro del país para no depender del dinero que llega desde Estados Unidos.
La discusión sobre la próxima o próximo fiscal general también pesa. Desde San Lázaro hicieron un llamado al Senado para que elija a alguien con verdadera autonomía, sin compromisos políticos y con capacidad para garantizar seguridad y justicia.
Casi al cierre, surgió una reflexión que quedó flotando en el ambiente: cuando se habla de casos polémicos o situaciones fuera de control, siempre es válido preguntarse dónde estaba la autoridad. No como un reclamo retórico, sino como una exigencia básica: el Estado debe estar presente cuando pasan las cosas, no llegar nada más a levantar el reporte.
Así avanza la Cámara de Diputados: entre decisiones simbólicas y debates de fondo, navegando una agenda que, aunque suene técnica, terminará definiendo cómo se vive el agua, la seguridad y las libertades en este país.
