El Congreso de la Ciudad de México reportó avances en el fortalecimiento de los derechos de pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y afromexicanas, aunque reconoció desafíos clave en materia de armonización constitucional, consulta previa y creación de instituciones especializadas.
Durante la Octava Sesión Extraordinaria virtual, la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas aprobó su Primer Informe Semestral del Segundo Año de Ejercicio, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. El documento detalla acciones legislativas, de coordinación institucional y de atención directa a estas poblaciones.
La presidenta de la Comisión, la diputada Paula Alejandra Pérez Córdova, subrayó que los avances responden a procesos de diálogo y construcción de acuerdos entre actores legislativos e institucionales. No obstante, advirtió que el siguiente tramo legislativo implicará una mayor exigencia, particularmente en el proceso de consulta para la armonización del Artículo 2º de la Constitución federal, considerado un eje central para el reconocimiento pleno de derechos colectivos.
El informe destaca el impulso a mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a la protección y promoción de derechos, así como la firma de un Convenio de Colaboración para fortalecer las etapas de consulta previa, libre e informada en el marco del proceso de armonización constitucional en la capital. Este instrumento busca garantizar estándares de participación adecuados, aunque su implementación efectiva será determinante para medir su impacto real.
En el ámbito legislativo, la Comisión reportó el análisis de iniciativas relevantes, entre ellas la propuesta de reforma a la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, enfocada en la creación de un catálogo local que permita identificar y reconocer formalmente a estas comunidades. Este registro es considerado un paso necesario, aunque especialistas han señalado que su diseño deberá evitar exclusiones o criterios restrictivos.
Asimismo, se dio cuenta de puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva, entre los que destacan la propuesta para crear el Instituto de Lenguas de la Ciudad de México y acciones específicas para garantizar la inclusión y protección de los derechos de personas de la diversidad sexual dentro de pueblos y barrios originarios. Ambos temas reflejan una agenda que busca ampliar el enfoque de derechos, aunque aún dependen de su eventual aprobación e implementación.
El informe también reporta la atención directa a 152 personas provenientes de estas comunidades, a quienes se brindó acompañamiento para atender problemáticas locales mediante rutas de trabajo focalizadas. Si bien esta cifra evidencia una estrategia de atención, resulta limitada frente a la magnitud de la población indígena y afromexicana en la capital, lo que plantea interrogantes sobre cobertura y alcance.
En materia de formación y participación, la Comisión organizó el diplomado “Derechos y Cultura Indígena en la Ciudad de México” y participó en foros de consulta vinculados al Proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD). Estas acciones apuntan a fortalecer capacidades y promover la participación comunitaria, aunque organizaciones civiles han insistido en la necesidad de que estos ejercicios incidan de manera vinculante en las decisiones públicas.
De acuerdo con información institucional del Congreso capitalino, el balance semestral muestra avances en la construcción de una agenda legislativa incluyente; sin embargo, los retos estructurales —como garantizar consultas efectivas, consolidar instituciones especializadas y traducir normas en mejoras tangibles— permanecen como pendientes críticos en el reconocimiento pleno de los derechos de pueblos y comunidades en la Ciudad de México.
