De acuerdo con legisladores locales de Morena, la documentación entregada el 1 de marzo de 2026 incluye contratos y actas constitutivas de las empresas Operadora Meor, Carbonusa y Alianza Comercialización y Construcciones, las cuales —aseguran— comparten apoderados legales y socios, lo que podría configurar un esquema de simulación de competencia en procesos de contratación pública.
La indagatoria se suma a una revisión previa iniciada por la Contraloría General de la Ciudad de México y fue avalada por el Congreso de la Ciudad de México en febrero pasado, según consta en el acuerdo aprobado por mayoría. Morena sostiene que existen elementos suficientes para profundizar en la fiscalización de los contratos adjudicados en el presente ejercicio fiscal.
Las diputadas y diputados promoventes, entre ellos Leonor Otegui y Paulo Emilio García, negaron que la investigación responda a una persecución política. En conferencia de prensa, compararon el presunto mecanismo con esquemas como la llamada Estafa Maestra, al señalar similitudes en la posible utilización de empresas relacionadas entre sí para fragmentar contratos y aparentar competencia.
Desde la perspectiva de Morena, la coincidencia de representantes legales y socios entre las compañías señaladas podría vulnerar los principios de libre concurrencia y transparencia establecidos en la normatividad de adquisiciones y obra pública de la capital. La bancada afirmó que la revisión busca garantizar el uso adecuado de recursos públicos y no afectar la autonomía de la alcaldía.
En respuesta, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega desestimó las acusaciones y sostuvo que todos los procesos de contratación se han realizado conforme a la ley. A través de un posicionamiento oficial, la alcaldía Cuauhtémoc aseguró que las denuncias forman parte de una estrategia política para desviar la atención de los operativos anticorrupción emprendidos por su administración.
La demarcación indicó que colaborará con cualquier requerimiento de información por parte de la Contraloría y del Congreso local, pero insistió en que hasta el momento no existe resolución firme que determine responsabilidad administrativa o penal. Subrayó además que la investigación se encuentra en curso y que será la autoridad competente la que emita conclusiones.
Especialistas en transparencia consultados por medios locales han señalado que, de confirmarse la existencia de vínculos societarios que comprometan la competencia real entre proveedores, podrían configurarse faltas administrativas graves. No obstante, recalcaron que el debido proceso y la presunción de inocencia deben prevalecer mientras no exista dictamen definitivo.
El caso abre un nuevo frente de tensión política en la capital, donde la fiscalización del gasto en alcaldías ha cobrado relevancia en el contexto preelectoral. Por ahora, la revisión institucional continúa sin una resolución final, mientras ambas partes mantienen posturas encontradas sobre la legalidad y motivación de las denuncias.
